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El derecho de asociacion en el ordenamiento canonico

 

EL DERECHO DE ASOCIACION Y EL ACTO JURIDICO DE INCORPORACION A ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES EN EL ORDENAMIENTO CANONICO[1]

JUAN FORMES

 

1. Dentro de las amplias perspectivas que ofrece el tema general de este Congreso —«El elemento asociativo en la Iglesia»—, esta Comunicación pretende realizar unas precisiones en tomo a dos nociones que, en principio, podrían parecer próximas, pero cuyas virtualidades son distintas: el derecho de asociación, como derecho fundamental del fiel en el ordenamiento canónico, y el acto jurídico de incorporación a estructuras institucionales de la Iglesia, como un acto proveniente de la autonomía privada, que tiene unas connotaciones y unos perfiles jurídicos bien distintos.

2. La doctrina es unánime en afirmar que el Concilio Vaticano II —pese a los escasos antecedentes doctrinales[2]*— ha potenciado claramente el derecho de asociación en la Iglesia con una proclamación explícita y formal de este derecho[3].

En cuanto a su fundamentación es particularmente significativo el texto del Decr. Apostolicam actuositatem, n. 18, a cuyo tenor «cada cristiano está llamado a ejercer el apostolado individual en las variadas circunstancias de su vida; recuerde, sin embargo, que el hombre es social por naturaleza y que Dios ha querido unir a los creyentes en Cristo en el Pueblo de Dios (cf. I Petr. 2, 5-10) y en un solo cuerpo (cf. I Cor. 12,12). Por consiguiente, el apostolado orgEinizado responde adecuadamente a las exigencias humanas y cristianas de los fieles y es al mismo tiempo signo de la comunión y de la unidad de la Iglesia en Cristo…».

El derecho de asociación es un derecho fundamental (derecho natural, derecho humano) desde la perspectiva del Derecho divino- natural (lex creationis), puesto que «el hombre es social por naturaleza». Pero debe tenerse en cuenta, además, que el hombre, por el bautismo, se incorpora a la Iglesia, es decir, queda constituido en miembro del Pueblo de Dios: en christifidelis. Pues bien, desde la perspectiva del Derecho divino-positivo (lex Incarnationis), de la recepción del bautismo dimana, entre otros, un específico derecho fundamental del fiel: el derecho de asociación en la Iglesia.

Esto no quiere decir que el derecho de asociación en la Iglesia tenga un doble fundamento u origen, puesto que la gracia no destruye la naturaleza sino que la perfecciona. Simplemente se pone de relieve que el derecho de asociación se manifiesta como derecho fundamental del fiel como una expresión o consecuencia de la recepción del bautismo que convierte al hombre en miembro de la Iglesia: en fiel. En otras palabras, la socialidad natural del hombre queda elevada al orden sobrenatural a través de la gracia recibida en el bautismo. De ahí que el texto del Vaticano II se exprese haciendo notar que «el apostolado organizado responde adecuadamente a las exigencias humanas y cristianas de los fieles…».

Quiere ello decir que el derecho de asociación del fiel se fundamenta en la común responsabilidad de todos los fieles —no sólo de la Jerarquía, es decir, de aquellos que integran la organización oficial eclesiástica— en la única misión de la Iglesia, en la aedificatio Ecclesiae[4]

De ahí la clara consecuencia que ha sido puesta de relieve por la doctrina: «este derecho —escribe Del Portillo— no se funda en una concesión de la autoridad humana, ni por tanto tiene su origen en el Derecho positivo»[5]. Y añade algo más adelante: «Quizá la consecuencia que deba ser puesta más de relieve en los momentos actuales es que a quien compete jurídicamente la iniciativa para la formación de estas asociaciones es a los fieles. Esta iniciativa —que indudablemente puede ser movida e impulsada por consejos— es un derecho y, por tanto, la Jerarquía, si se cumplen los requisitos señalados por el Derecho, no puede negar su reconocimiento a estas asociaciones»[6].

Por tanto, el derecho de asociación en el ordenamiento canónico debe quedar caracterizado como un derecho fundamental del fiel.

3. No es posible detener aquí y ahora la atención en la tipificación misma de los derechos fundamentales del fiel, cuestión que ha sido objeto de atento estudio por parte de la doctrina y que ocupó los trabajos del IV Congreso Internacional de Derecho Canónico[7]. Simplemente subrayaré que, como es bien sabido, estos derechos han sido recogidos en un título del Código[8]’ —que procede del, por ahora, abandonado proyecto de Ley Fundamental de la Iglesia—, si bien en el marco de ese título aparece la regulación no sólo de los derechos fundamentales del fiel en sentido propio y estricto —es decir, los que dimanan del bautismo—, sino también otros derechos (por ejemplo, a la buena fama o a la propia intimidad: c. 220) que son derechos humanos, derechos naturales.

Pues bien, entre estos derechos fundamentales del fiel se recoge explícitamente el de asociación en el c. 215.

En conexión con el Decr. Apostolicam actuositatem, n. 19, puede decirse que este derecho comprende;

a)      fundar asociaciones;

b)      dirigirlas, para lo que es necesario la existencia de autonomía estatutaria y de gobierno de las asociaciones;

c)      y, por supuesto, inscribirse en las ya existentes.

De la lectura del c. 215 se deduce también con claridad que los fines propios de las asociaciones derivadas del ejercicio del derecho fundamental del fiel son «aquellos que corresponden a la vocación de fiel, excluyendo —por su propia índole— tanto los que atañen a meras cuestiones temporales (cuyo objeto es un derecho natural, no un derecho fundamental del fiel) como los que se refieren a las actividades específicas de la Jerarquía»[9].

4.- Sobre la base del reconocimiento del derecho de asociación como derecho fundamental del fiel (c. 215), el Código regula las asociaciones de fieles en el marco sistemático de los preceptos legales dedicados a todos los fieles (fieles cristianos o christifideles)[10] si bien queda claro — ya desde el mismo comienzo de la regulación (c. 298)— que los Institutos de vida consagrada (Institutos religiosos e Institutos seculares) y las sociedades de vida apostólica son otras tantas formas asociativas, pese a que se trate de ellas en otro lugar (Parte III del mismo Libro II), aunque indudablemente de una muy particular cualificación y de una singular relevancia en la vida de la Iglesia. Como subraya la Const. Lumen gentium, n. 44, «el estado constituido por la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenece a la estructura jerárquica de la Iglesia, pertenece, sin embargo, de manera indiscutible, a su vida y santidad»[11]

Quizá las cuestiones claves que se deban tener en cuenta —y que no son sino consecuencias del ejercicio del derecho de asociación—  sean las relativas a los siguientes puntos;

a)      constitución de asociaciones;

b)      régimen;

c)      fines.

A estas cuestiones voy a hacer ahora una somera referencia, puesto que ello pondrá de relieve lo que —como apuntaba al principio— pretende esta Comunicación: subrayar la distinta operatividad del ejercicio del derecho fundamental de asociación y del acto jurídico de incorporación a estructuras institucionales en el ámbito del ordenamiento canónico.

a) En contraste con el Código de 1917, que sólo contemplaba y admitía las asociaciones erigidas o al menos aprobadas «por una autoridad eclesiástica legítima» (c. 686 § 1 CIC 17)[12] , el c. 299 § 1 del Código vigente enuncia el derecho fundamental de todos los fieles a constituir —«mediante un acuerdo privado»— asociaciones para los fines relacionados con la misión de la Iglesia, sin que sea necesario un acto constitutivo o de iniciativa por parte de la Jerarquía.

Ya antes de la promulgación del Código la doctrina, sobre la base de las enseñanzas del Vaticano II, había puesto de relieve que «el Concilio (…), reconociendo que la actividad fundacional no es un mero hecho social, sino que constituye el ejercicio de un derecho con la consiguiente eficacia jurídica, coloca el acto constitutivo de una asociación en el mismo hecho de la fundación por parte de sus miembros. La causa eficiente del vínculo asociativo —es decir, aquello que constituye una asociación— no es la autoridad eclesiástica, sino la voluntad concurrente de los fieles que se asocian (…). Por tanto, la constitución de asociaciones de fieles ha venido a configurarse como un verdadero negocio jurídico (autonomía privada, principio de consensualidad), fuera del caso de aquellas asociaciones cuyos fines requieren un mandato o misión canónica, por tratarse de una participación en la función propia de la Jerarquía»[13]

Puede decirse, por tanto, que las asociaciones surgen —o se constituyen— por el ejercicio del derecho fundamental del fiel a asociarse. Cuestión distinta —aunque importante— será que estas asociaciones sean públicas o privadas. Serán públicas las erigidas por la autoridad eclesiástica competente (cc. 301 § 3 y 312), a la que corresponde exclusivamente la erección de aquellas asociaciones cuyos fines están «reservados por su misma naturaleza a la autoridad eclesiástica» (c. 301 § 1), como, por ejemplo, transmitir la doctrina cristiana en nombre de la Iglesia, o promover el culto público (cfr. c. 301 § 1)[14] También puede erigir otras asociaciones que busquen otros fines espirituales, a los que no se atienda suficientemente con la iniciativa privada (cfr. c. 301 § 2), pero en este caso se trata de una función de suplencia por parte de la autoridad eclesiástica. En los demás casos —asociaciones no erigidas por la autoridad eclesiástica competente—, estaremos ante los variadísimos supuestos de asociaciones privadas —esto es, que no actúan en nombre de la Iglesia (cfr. cc. 116 y 313)—, que seguirán siendo tales aunque hayan sido alabadas o recomendadas por la autoridad eclesiástica (c. 299) y aunque hayan obtenido personalidad jurídica por decreto formal de la autoridad, después de la correspondiente aprobación de sus estatutos (c. 322).

Puede subrayarse, en suma, que la constitución de asociaciones en el ordenamiento canónico no es algo que competa a la autoridad eclesiástica, como tal, sino que es consecuencia del ejercicio del derecho fundamental de asociación que corresponde a todos los fieles, sin que ello sea obstáculo a las distintas competencias que en esta materia corresponden a la autoridad eclesiástica según las diversas especies de asociaciones.

En este sentido, es importante subrayar que en las asociaciones públicas —pese a que su existencia deriva de la acción pastoral de la Jerarquía— sigue operando con toda su fuerza el derecho fundamental del fiel a asociarse. Ciertamente, como queda dicho, estas asociaciones provienen de la erección por la autoridad eclesiástica; pero el derecho fundamental del fiel a asociarse permanece íntegro. Y además estas asociaciones no pertenecen a la constitución de la Iglesia, entendiendo por tal el conjunto de estructuras primarias y fundamentales que conforman la Iglesia misma. Sí pertenece a la constitución de la Iglesia la posibilidad misma del fenómeno asociativo —el derecho de asociación—, pero no cada una de las asociaciones en particular —sean estas públicas o privadas—, puesto que en ningún caso son «el desarrollo organizativo de estructuras generalmente contenidas en la constitución de la Iglesia»[15]

b) Lo cual conecta con el siguiente punto al que conviene hacer referencia: el régimen de las asociaciones

Por de pronto, interesa recordar que —como ya sabemos— todos los fieles pueden fundar y dirigir asociaciones[16]. Ahora bien, en cuanto a su gobierno o régimen, si se trata de asociaciones públicas, se rigen por sus propios estatutos, pero «siempre bajo la alta dirección de la autoridad eclesiástica» (c. 315); alta dirección que no debe confundirse con la simple vigilancia de que habla el c. 305, pero que tampoco puede constituir una absorción de la función de gobierno que corresponde, en definitiva, a quienes señalen los estatutos (cfr. cc. 315 y 317)[17]. Si se trata de asociaciones privadas, son dirigidas y administradas por los fieles, de acuerdo con las prescripciones de los estatutos (c. 321). De ahí que la prescripción del c. 323 § 1 según la cual este tipo de asociaciones está sometido no sólo a la vigilancia de la autoridad eclesiástica, a tenor del c. 305, sino también «al régimen de dicha autoridad», deba ser interpretada, a mi juicio, a tenor de la cláusula que aparecía en los distintos proyectos del Codex hasta el Schema de 1982: «eadem ratione eodemque modo quo eidem subiiciuntur fideles singuli»[18], ya que, de lo contrario, la asociación privada estaría sometida al gobierno de la autoridad eclesiástica en los mismos términos —y aún más— que la «alta dirección» prevista en el c. 315 para las asociaciones públicas[19].

c) Ya se ha hecho antes alusión a los fines de las asociaciones. Subrayaré ahora, simplemente, dos aspectos

El primero de ellos es el relativo a que de la lectura de los cc. 215 y 298 se deduce que estos fines pueden ser muy amplios y variados, aunque siempre relacionados con la misión sobrenatural de la Iglesia.

El segundo aspecto que se puede subrayar es el de que algunos de estos fines están reservados por su naturaleza a la autoridad eclesiástica, cuestión a la que hace referencia el c. 301 y por ello sólo pueden ser propios de las asociaciones públicas, si bien —^y a tenor del mismo precepto legal— puede haber asociaciones públicas con fines no reservados, en virtud de la función de suplencia que en este caso ejercería la autoridad eclesiástica al erigir la asociación.

5. Examinado, dentro de los naturales límites que permite esta Comunicación el derecho fundamental de asociación y sus consecuen­cias, veamos las distintas connotaciones que presenta el acto jurídico de incorporación a estructuras institucionales de la Iglesia.

Por de pronto —y como ya puse de relieve en otro lugar[20] —, el acto jurídico-canónico puede definirse —desde la perspectiva que aquí interesa— como un acto que procede de la autonomía privada de los fieles —declaración de voluntad— en la búsqueda de un resultado o fin social —causa— de naturaleza estrictamente eclesial.

Es decir, se trata de un acto en el que se pone en juego la voluntad del sujeto, su autonomía. Y en este caso el sujeto la pone en juego para incorporarse a estructuras institucionales.

Me parece que la diferencia respecto del acto de inscripción en asociaciones radica —aparte otros aspectos, en los que no es posible detener la atención (piénsese, por ejemplo, en la necesidad del carisma vocacional en determinados supuestos)— no tanto en la naturaleza del acto mismo, cuanto en la distinta naturaleza jurídica de los entes. En efecto, como ya vimos, el ejercicio del derecho fundamental de asociación comprende la posibilidad de fundar asociaciones, dirigirlas e inscribirse en las ya existentes. El acto de inscripción podría ser similar en su naturaleza jurídica al acto de incorporación a estructuras institucionales de la Iglesia, puesto que en ambos casos se trata de un acto libre de voluntad, un acto en el que se pone en ejercicio la autonomía privada[21]. Pero la naturaleza de las estructuras es distinta y ello afecta, de algún modo, al enfoque del acto mismo de incorporación a ellas.

Pongamos cuatro ejemplos para aclarar lo aquí apuntado y concluir nuestro estudio.

a) El primero de ellos nos lo proporciona el c. 296. En este precepto legal se contempla el supuesto de la cooperación orgánica de los laicos en las Prelaturas personales a través de convenciones o acuerdos establecidos con la Prelatura[22].

En este caso, el laico se incorpora a la Prelatura personal mediante un acto jurídico de adhesión a una estructura institucional

—concretamente, una estructura jerárquica— de la Iglesia. Se trata de un acto voluntario, procedente de la autonomía privada, aunque con consecuencias jurídicas de naturaleza pública, por la naturaleza jurídico-pública de la otra parte que interviene; la Prelatura, como estructura institucional que es de la organización jerárquica de la Iglesia, creada por la Santa Sede. [23]

«La profunda diferencia de las Prelaturas personales con las Asociaciones —se ha escrito con precisión— aparece, además, cuando se considera que el vínculo con la Prelatura no viene definido por la voluntad de los que lo adquieren. No son ellos los que, mediante un contrato de asociación, constituyen o crean las Prelaturas. Estas implican una jurisdicción jerárquica preexistente, a la que se someten los laicos, mediante un contrato de adhesión, para cooperar en sus obras apostólicas. De ahí que la jurisdicción del Prelado no sea un derecho contractualmente adquirido; el Prelado tiene su jurisdicción en virtud del acto de la Sede Apostólica que erige la Prelatura y de la correspondiente provisión del oficio, y los laicos se someten a esa jurisdicción libremente»[24]

En definitiva —y como he tenido oportunidad de señalar en otro lugar[25] —, el acto jurídico por el que los laicos se incorporan a la Prelatura para ser, a la vez, objeto de su peculiar atención pastoral y corresponsables de su tarea apostólica, se inscribe dentro de los típicos actos jurídico-canónicos a los que son aplicables, por tanto, los cc. 124 ss., en lo que se refiere a los presupuestos y elementos del acto en cuestión. Serán necesarios, por ejemplo, la capacidad suficiente del sujeto[26] y la presencia de los elementos esenciales —fundamentalmente la declaración bilateral de voluntad y, en su caso, los requisitos formales del acto—; y, también en su caso, podrán afectarle los vicios contemplados en los cc. 125-126 (violencia, miedo, dolo, ignorancia, error), con lOs efectos propios de cada uno de ellos.

El acto jurídico-canónico por el que los laicos se unen a la Prelatura es, en suma, un vínculo contractual de naturaleza no sagrada (no se trata de votos, ni de otros sacra ligamina, de los que habla la Const. Lumen gentium, n. 44 y el c. 573 § 2 del Código, como pueden ser los juramentos o las promesas), sino de índole pacticia, en el ámbito canónico, y de contenido espiritual.

b) Un segundo ejemplo, en el que queda de relieve cómo a través de un acto de libre voluntad del sujeto —un acto de la autonomía privada— puede procederse a la incorporación a una estructura institucional de la Iglesia, nos lo proporciona el c. 112.

En efecto, en este precepto legal se contemplan diversos supuestos en los que, a través de una declaración de voluntad, el sujeto, después de recibido el bautismo, puede incorporarse a otra Iglesia ritual sui iuris.

c) El c. 1016 —y es el tercer ejemplo que quería traer a colación— contempla el supuesto de lo que podríamos denominar incar- dinación voluntaria, es decir, no derivada del simple criterio objetivo del domicilio del ordenando, puesto que el aludido precepto legal prevé la posibilidad de que el laico que desee recibir la ordenación de diácono y adscribirse al clero secular elija la diócesis «a la cual ha decidido dedicarse», y en ella quedará incardinado con la ordenación de diácono.

El ejemplo sirve para indicar que hay otro tipo de vinculaciones que —pese a provenir de actos voluntarios del sujeto— no son de naturaleza asociativa.

d) Finalmente, qué duda cabe —y es el cuarto y último ejemplo, aunque podrían entresacarse otros del ordenamiento canónico— que el cambio voluntario del propio domicilio o cuasi-domicilio[27] lleva consigo la incorporación a otras estructuras institucionales; en concreto puede llevar consigo la incorporación a otra Iglesia particular, colocando a la persona, que voluntariamente así lo ha elegido, bajo una jurisdicción eclesiástica distinta a la que antes tenía.

6. Queda con ello claro que, a través de actos de la autonomía privada, puede procederse a la plena incorporación a estructuras institucionales de la Iglesia, sin que quepa confundir este acto voluntario con el derivado del ejercicio del derecho fundamental de asociación. Los dos tipos de actos tienen un mismo origen: la libre voluntad del sujeto, su propia autonomía.

Pero en un caso —derecho fundamental de asociación— se trata de un acto de inscripción o, incluso, de fundación de asociaciones; mientras que, en los otros casos analizados, se trata de la incorporación a estructuras institucionales de la Iglesia, cuya naturaleza jurídica es distinta, puesto que se trata de estructuras jurisdiccionales, propias de la constitución de la Iglesia y no asimilables a los fenómenos asociativos. En concreto, por lo que se refiere a las Prelaturas personales se distinguen netamente de las asociaciones de fieles, reguladas en los cc. 298 ss. Mientras los fenómenos asociativos son consecuencia del ejercicio del derecho fundamental de asociación de los fieles, las Prelaturas personales son manifestaciones concretas del despliegue dinámico de la Iglesia-institución[28] que, a lo largo de la historia, va adaptando e, incluso, creando nuevas estructuras organizativas-al compás de las exigencias pastorales. Son, por tanto, organismos o entes jurisdiccionales pertenecientes a la propia estructura institucional y pastoral de la Iglesia.

 

 


[1] * Comunicación presentada al «VI Congreso Internacional de Derecho Canónico» (Munich, 14-19 de septiembre de 1987).

[2] «Que el derecho de asociación sea un derecho natural en el plano de la sociedad civil, es algo defendido constantemente por el magisterio eclesiástico; sin embargo, en el plano de la sociedad eclesiástica apenas si había sido puesto de relieve con anterioridad en la doctrina; de ahí su interés y su novedad. En realidad, ni con la concepción de la Iglesia prevalente en la primera mitad de este siglo podía comprenderse en todo su sentido este derecho, ni después del Concilio podría negarse o dejar de reconocerse, una vez claramente admitida la idea de la Iglesia como Pueblo de Dios» (A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos en la Iglesia, 2.” edic. revisada, Pamplona, 1981, p. 109).

lUS CANONICUM, XXIX, n. 57, 1989, 337-347

[3] Cfr. Decr. Presbyterorum ordinis, n. 8 y Decr. Apostolicam actuositatem, nn. 19 y 24. Entre otros autores, vid. A. DEL PORTILLO, op. cit., pp. 108 ss.; ID., lus associationis et association.es fideíium iuxta Concilii Vaticani II doctrinam, en «lus Canonicum», Vili (1968), pp. 5-28; A. DÍAZ DÍAZ, Derecho fundamental de asociación en la Iglesia, Pamplona, 1972; W. SCHULZ, Le norme canoniche sul diritto di associazione e la loro riforma alla luce dell’insegnamento dèi Concilio Vaticano secondo, en «Apollinaris», L (1977), pp. 149-171; ID., Confraternite: persone giuridiche pubbliche o private?, en «Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele», l, Perugia, 1984, pp-. 383-392; Id., Der neue Codex und die kirchlichen Vereine, Paderborn, 1986.

[4] No es posible extenderse más aquí en esta interesante perspectiva, de la que me he ocupado en otro lugar al que me permito remitir al lector interesado: J. FORNÉS, La ciencia canónica contemporánea (Valoración critica). Pamplona, 1984, pp. 67 ss., principalmente, pp. 84 ss.

[5] A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos… cit., p. 108.

[6] Ibid., p. 115. Por su parte, Herranz ha escrito que «el derecho (…) de hacer apostolado y el derecho de asociarse para realizarlo mejor, son derechos iuris divini y no iuris ecclesiastici. Es Dios quien los confiere —^no la autoridad humana—, dando a la persona la dignidad de hombre y de cristiano» (J. HERRANZ, Parroquias universitarias y asociaciones de fieles, en «Liber Ami- corum Monseigneur Onclin», Gembloux, 1976, p. 154). Vid. también L. SPINELLI, Prospettivè canonistiche nella Chiesa di oggi, Modena, 1973, p. 89.

[7] Aparte de las Actas del aludido Congreso {Les droits fondamen du chrétien dans l’Eglise et dans la société, Fribourg S. – Freiburg i. Br. – Milano, 1981), en las que aparecen posiciones doctrinales de muy distinto valor y de­sigual naturaleza —algunas de las cuales no comparto—, puede verse la mono­grafía de P. J. Viladrich, Teoría de los derechos fundaméntales del fiel. Pam­plona, 1969

[8] Tít, I, Parte I, Lib. II.

[9] J. HERVADA, Comentario al c. 215, en «Código de Derecho Canónico», edición preparada por el Instituto Martín de Azpilcueta, 2.* reimpr.. Pamplona, 1984, p. 176.

[10] Tít. V («De las asociaciones de fieles»). Parte I («De los fíeles cristianos»), Libro II («Del Pueblo de Dios»).

[11] Cfr. también c. 574.

[12] Recuérdese, sin embargo, la decisión Comenten, de 13.XI.1920 (AAS, 13, 1921, pp. 135-144).

[13] A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos… cit., pp. 116 s,

[14] Lo cual no quiere decir que estas asociaciones sean estructuras jerárquicas, como algún autor ha afirmado (cfr. P. GIULIANI, La distinzione fra associazioni pubbliche e associazioni private dei fedeli nel nuovo Codice di Diritto Canonico, Roma 1986, p. 217), al señalar que las asociaciones públicas entran a formar parte de la estructura jerárquica de la Iglesia.

[15] J. HERVADA, Derecho constitucional y 7}erecho de las asociaciones, pro manuscripto.

[16]  Vid. c. 215; Decr. Apostolicam actuositatem, nn. 19 y 24; Decr. Presbyterorum ordinis, n. 8.

[17] Vid. también cc. 318-320.

[18] Cfr. c. 66 § 1 del Schema «De Populo Del» de 1977, en «Commimica- tiones», XII (1980), p. 119 y c. 699 § l ‘del Schema Codicis luris Canonici, Lib. Ed. Vat., 1980.

[19] Vid. J. L. Gutiérrez, Comentario al c. 323, en «Código de Derecho Ca­nónico», ed. cit., en nota 8, p. 244.

[20] J. FORNÉS, El acto jurídico-canónico (Sugerencias para una teoría général), en «lus Canonicum», 49 (1985), pp. 57-89; vid., en concreto, pp 87 s.

[21] Sobre la autonomía privada, vid. E. MOLANO, La autonomía privada en el ordenamiento canónico. Pamplona, 1974.

[22] Sobre las Prelaturas personales, vid., entre otros: P. RODRÍGUEZ, Iglesias particulares y Prelaturas personales, 2.* ed.. Pamplona, 1986; J. FORNÉS, El perfil jurídico de las Prelaturas personales, en «Monitor Ecclesiasticus», CVIII (1983), pp. 436 ss.; J. MARTÍNEZ-TORRÓN, La configuración jurídica de tas Prelaturas personales en el Concilio Vaticano II, Pamplona, 1986; J. P. SCHOOTPE, Les prélatures personnelles, en «Revue théologique de Louvain», 17 (1986), pp. 309 ss. Terminado este trabajo, y ya en pruebas de imprenta, ha aparecido la monografía de G. Lo CASTRO, Le prelature personali. Profili giuridici, Milano, 1988, que considero de singular interés.

[23] Cfr. P. RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 128 s.; J. P. SCHOUPPE, op. cit., pp. 321 ss; J. MARTÍNEZ-TORRÓK, op. cit., p. 306.

[24]  P. RODRÍGUEZ, op. cit., p. 128.

[25] Vid. J. Fornés, El perfil jurídico de las Prelaturas personales, cit., pp. 447 s

[26] 25. Vid. cc. 97 § 1 y 98 § 1.

[27] Cfr. cc. 100-107.

[28] Sobre el término «Iglesia-institución», vid. J. HERVADA – P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, I, Pamplona, 1970, pp. 313 ss. En general, sobre la noción de «organización eclesiástica», véanse las pp. 329 ss. Y para algunos aspectos críticos del enfoque, frecuente en la doctrina, sobre puntos importantes relativos al Derecho constitucional de la Iglesia en conexión con la materia, puede verse J. FORNÉS, La noción de «status» en Derecho canónico, Pamplona, 1975.

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